Compromiso versus Conciertos

miércoles 06 agosto 2008

Leyendo el artículo de Pérez Reverte que se puede consultar en este mismo blog, uno llega a la conclusión de la falta de compromiso histórico por parte del Estado en temas de educación así que centrémonos unos minutos en este tema.
 
Como dije en otro momento, estoy convencido que el sistema educativo en este país va a peor desde la simbólica desaparición de la Institución Libre de Enseñanza. Y es que a la II República se le pueden reprochar numerosos errores pero también hay que reconocer la calidad del sistema educativo que pretendió implantar en su corta historia. En ese período con esa mentalidad, junto con el ILE, surgieron numerosas instituciones con el compromiso de difundir la cultura por toda la geografía española y gracias a ellas aparecieron otros medios de difusión cultural como La Barraca o las Misiones Pedagógicas.
 
El gran valor de ese sistema educativo fue el fomento de la enseñanza pública y, al revés de lo que viene sucediendo desde el franquismo, el compromiso por parte del Estado de involucrarse en el proceso. Como contraposición, en la actualidad una de las causas del problema es la política de subcontratación materializada en los conciertos con la enseñanza privada.
 
A mi entender esta solución lo que genera es ineficiencia y una bonita excusa al gobierno para no asumir la responsabilidad al trasladársela a los centros concertados y limitarse a pagar por el servicio prestado por ello. Simplemente, lo que hace el Estado es compensar a los colegios privados por el coste que no repercuten a los ciudadanos, destinando fondos públicos a un gasto que sólo genera valor inmediato pero no en el futuro. Ese dinero sería más productivo si se destinase a inversiones públicas como colegios, bibliotecas, institutos o guarderías, de los que carecen la mayoría de las localidades de este país.
 
Favoreciendo políticas de concierto, como vimos anteriormente, se están detrayendo fondos públicos para cubrir el gasto de colegios privados con lo que se reduce la competitividad de la enseñanza pública frente a la privada. Una de las quejas actuales es la sobrecarga a la que se ven expuestos los profesores entre otras cosas provocado por la integración de alumnos de terceros países a los que les cuesta más asimilar esta educación. En Suecia, por ejemplo, para evitar este problema existe un número más elevado de profesores para servir de apoyo y que el retraso inicial de estos estudiantes no afecte al desarrollo del proceso formativo del conjunto. Aquí, con lo que nos encontramos, es que no hay recursos para solucionar esa deficiencia y además como el sistema de acceso es totalmente arbitrario, fraudulento e injusto la población con menos recursos acaba en los colegios públicos mientras que los que tienen mayor poder adquisitivo acceden a plazas en colegios concertados.
 
La razón de tal arbitrariedad es el sistema de puntuación para acceder al colegio. En primer lugar se prima la proximidad al lugar de trabajo o a la vivienda habitual pero los mejores colegios suelen ubicarse en zonas residenciales prohibitivas para la población con menos recursos económicos. Otro factor es el tener otros hermanos en el centro con lo que estamos desfavoreciendo la integración, ya que si en principio lo tendría muy difícil, ante esta situación le resultará imposible. El nivel de ingresos de la unidad familiar es otro baremo pero ahí entra la formación de los padres, ya que probablemente una familia de extracción modesta se verá amenazada en un entorno “elitista” por lo que preferirá enviar a sus hijos a un colegio más heterogéneo.
 
Por si fuera poco el proceso se presta al fraude y así hay familias que empadronan a sus hijos cerca del colegio elegido, aducen minusvalías del niño para sumar más puntos o incluso formalizan una separación para reducir el volumen de ingresos de la unidad familiar.
 
Así obtenemos un sistema injusto en el que familias con rentas más altas se benefician de la subvención estatal pagando el mismo importe en un colegio concertado mientras las que obtienen rentas más bajas se tienen que conformar con llevar a sus hijos a colegios públicos con peores medios porque se prima el sistema de concierto en lugar de la inversión pública, o bien pagar un colegio privado.
 
Y si resulta más fácil subcontratar y evitar las responsabilidades, menos complicado es no enfrentarse a diversos lobbys educativos como la Iglesia y a pesar de tener un Estado aconfesional (donde la religión católica es la predominante), tal y como cita la Constitución, seguir subvencionando de forma incoherente con dinero público la enseñanza religiosa.
 
La solución pasa por eliminar los conciertos con los colegios privados paulatinamente a medida que el Estado vaya sustituyéndolos por centros públicos. Paralelamente es necesario replantearse el plan educativo lejos de las presiones de las partes interesadas recuperando asignaturas que han perdido importancia pero son igual de necesarias, favoreciendo una educación humanista en la que se enseñe al alumno a pensar por si mismo, ya que éste tiene que ser otro de los objetivos y no limitarse a impartir asignaturas. Para esto último es también necesario apostar por una enseñanza laica, lo que no implica que sea excluyente. Aquel que quiera darles a sus hijos una educación religiosa o de otro tipo está en su derecho pero no con fondos públicos.






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