Coherencia y educación

"Debo ser algo payaso pero eso me hace feliz" (Loquillo)

Probablemente junto con el BM y el FMI, la SGAE ocupe uno de los puestos de privilegio en mi ranking de asociaciones peor valoradas. Además de producirme una crispación enorme, su actividad  me incita a cuestionar todas y cada una de sus actuaciones. Intentaré, por ello, justificar su desaparición o al menos la de la los privilegios que disfruta.

Según consta en su web, "la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, es una entidad de gestión colectiva dedicada a la defensa y gestión de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 66.000 socios (directores de cine, guionistas, compositores de todos los géneros de música, escritores dramáticos, libretistas, coreógrafos, mimos...). Su misión es proteger la creación y defender los intereses de sus socios. Es una entidad privada constituida hace cien años." (sic)

Como podemos observar, la propia definición y sus Estatutos establecen de forma expresa que es una entidad privada que defiende los derechos de sus socios. Por tanto ni es una entidad pública ni defiende los derechos de todo un colectivo, como podría ser un sindicato que en teoría defendería los de todos los trabajadores sin necesidad de estar afiliados. De este modo, al igual que otros colectivos, no entiendo porque tiene que estar amparada por el Estado, que yo sepa la Asociación de Víctimas de Accidentes no recibe ninguna compensación proveniente de la venta de automoviles por los posibles siniestros que puedan provocar en el futuro.

De ahí la primera incoherencia ¿si es una entidad privada cómo se financia o se compensa con un cánon público? Y es que esto tiene diversas implicaciones. Por un lado la sociedad y por ende sus afiliados obtienen fondos de un cánon que grava la obra de la totalidad de los autores, sean miembros de la SGAE o no. Por otro, al gravar el soporte, está obteniendo fondos por obras que no son objeto de propiedad intelectual, tales como  fotos privadas o copias de seguridad y además el canon no se aplica por obra sino por soporte, con lo que se está obteniendo un rendimiento varias veces por el mismo objeto.

Desde el punto de vista tributario resulta evidente la incoherencia del sistema de establecer un canon a soportes de grabación y reproducción para compensar  a ciertos autores ya que una tasa es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario o de forma más resumida la prestación pecuniaria periódica que grava una concesión del Estado cuando los soportes objeto son privados. Es decir, se está imponiendo un recargo al precio de un bien "no público" sin que sea el propio Estado quien lo gestione.

Igual de incoherente, esta vez desde el punto de vista legal, resulta la justificación para aplicarlo ya que la SGAE lo hace bajo la premisa de compensar a sus autores por la piratería, lo que choca frontalmente con la presunción de inocencia. Sinceramente no me imagino a mi padre o a mi suegra descargando música en internet y sin embargo han tenido que compensar a la SGAE por tener PC, DVD o equipo de música, no vaya a ser que algún día se les de por ello.

Lo peor es que este sistema además de incoherente es ineficiente. Para ilustrarlo voy a poner un par de ejemplos: Alex de la Nuez y Ramoncín, a los que elijo por ser dos de las voces más reinvidicativas de la SGAE. Como uno se puede imaginar los dos están recibiendo compensaciones de la SGAE y sin embargo no recuerdo cuales son sus últimas aportaciones al mundo de la música. Resumiendo, en vez de potenciar los verdaderos valores estamos subvencionando y manteniendo a personas que han demostrado sus nulas dotes creativas.

La última vuelta de tuerca es el respaldo político que sustenta este circo. Viendo la lista de la Junta Directiva, compuesta por diversos artistas y representantes de mutlinacionales, no me extraña la bipolaridad que ha producido en el Congreso. Obviamente el partido en el gobierno está pagando peaje a uno de los lobbys que han hecho campaña por él y lógicamente la oposición se ha ubicado frontalmente en contra. Lo preocupante, salvando la honrosa excepción de IC, es que la izquierda real haya sucumbido a este despropósito cambiando su programa sin saber bien el porqué ya que sus explicaciones son absolutamente peregrinas. Así les va.

Visto lo ineficiente, injusto e incoherente que resulta, abogar por su supresión es un imperativo. Coincido en la necesidad de defender los derechos de los creadores pero nunca minorando los de otros colectivos. No quiero ser redundante pero es obvio que es el Estado quien debe regular esta distorsión del mercado.